A través de la Resolución N° 904 de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social adopta protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de Covid-19 en transporte de carga portuaria.

Esto aplica a las sociedades portuarias marítimas, sociedades portuarias fluviales con vocación marítima, operadores portuarios, empresas de transporte marítimo y fluvial, agencias de aduanas, agentes de carga internacional y agencias marítimas.

La vigilancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad recaerá en cabeza de la secretaría o entidad municipal o distrital que corresponda según donde funcione cada puerto, sin perjuicio de la vigilancia que puedan realizar otras entidades como el Ministerio del Trabajo. 

Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución N° 666 del 24 de abril de 2020.

A través del Decreto 829 de 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014, modificó y adicionó el Decreto 1625 de 2016 y derogó algunos artículos del Decreto 1073 de 2015.

Con esta norma se reglamentó la deducción que en materia de impuesto sobre la renta permite deducir en un período no mayor de 15 años hasta el 50% del valor de las inversiones en este sector, la exclusión de IVA por la compra de bienes y servicios, los beneficios en materia arancelaria y la depreciación acelerada.

Uno de los aspectos relevantes a destacar fue la delegación realizada a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) como única entidad para evaluar y certificar los proyectos renovables.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía los proyectos ahora no tendrán que realizar los trámites ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), todo cual supone que las empresas que le apuesten a estas iniciativas accedan a los beneficios tributarios reduciendo los tiempos de calificación de los proyectos a 45 días.